Ley de Economía del Conocimiento: por qué genera controversia
La Ley 27.506, que entra en vigor el 1° de enero de 2020, establece un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y reglamenta beneficios –reducciones e incentivos fiscales– para empresas que exporten tecnología y servicios. Sin embargo, impactará de forma distinta en determinados rubros.
El 1° de enero de 2020 entra en vigor la Ley 27.506, que establece la creación de un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. La nueva reglamentación prevé beneficios para empresas que exporten tecnología y servicios en áreas como el software, la informática, la biotecnología, el entretenimiento y los servicios profesionales exportables, entre otras. Sin embargo, su impacto genera controversia.
La ley tendrá un efecto positivo en el rubro tecnología. “Hablando exclusivamente de las empresas de software y servicios informáticos, muchas de ellas ya están exportando con una gran dinámica, y creo que la nueva ley es muy positiva para mantener y dar continuidad a este proceso, en particular teniendo en cuenta que la mayoría de las compañías del sector son pequeñas pymes de menos de 20 empleados”, señaló a CCNews el Ing. Manuel Caunedo, Gerente General de Geosystems.
Por el contrario, el sector de ingeniería no será favorecido por la nueva ley. Según el Ing. Ángel Ferrigno, Miembro de la Comisión Directiva del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), lamentablemente se establece una diferencia entre empresas donde la promoción es posible, realicen o no servicios de exportación, y otras que brindan servicios de ingeniería. “Salvo pocas excepciones, la ley es aplicable con un carácter restrictivo solo en aquellas firmas cuyas exportaciones superen el 70% de su facturación o el 45% en caso de pymes. Esto deja afuera de forma arbitraria a prácticamente casi todas las empresas argentinas de ingeniería”, mencionó.
Acerca de las actividades promovidas por la nueva reglamentación, Ferrigno explicó que, salvo casos muy específicos –ingeniería nuclear, geoingeniería, ingeniería genética o servicios vinculados a las comunicaciones, la electrónica y la industria aeroespacial–, el resto de los servicios de ingeniería, que son claves para el desarrollo de otras actividades y del país –oil & gas, infraestructuras, procesos industriales, entre otros–, se encuentran excluidos de los beneficios de la promoción.
A partir de la entrada en vigor de la ley, las empresas promocionadas contarán con estabilidad fiscal y beneficios en tributos nacionales: la posibilidad de reducir el impuesto a las ganancias, la eliminación de retenciones y percepciones del IVA, ventajas especiales en lo relacionado con las contribuciones patronales, un menor costo laboral, un bono adicional de crédito fiscal y un tributo especial para financiamiento, entre otros incentivos.
Estos beneficios acentúan el impacto desigual que va a generar la ley. Por un lado, desde el ámbito tecnológico, Caunedo indicó: “Los beneficios tienen un gran valor para las empresas dentro del contexto actual que presenta una alta presión impositiva, elevados costos relacionados con la ley laboral e inestabilidad de las políticas fiscales”. Además, subrayó que la competitividad de una compañía mejora al exportar servicios en un mercado global que es altamente exigente.
Por otro lado, no sucederá lo mismo en el sector de ingeniería: Ferrigno coincidió en que los beneficios son importantes, pero dijo que justamente esa importancia implica un grave perjuicio para las empresas argentinas que ven dificultado su acceso a la promoción. “Además, las deja en desigualdad de condiciones, incluso en el mercado interno frente a las multinacionales que sí pueden cumplir las condiciones indicadas al trabajar para sus casas matrices en el exterior. Así se origina una competencia desleal”, agregó.
La Ley 27.506 reemplazará a la Ley de Promoción de la Industria del Software que rige hasta fin de 2019. Al respecto, Caunedo mencionó que la nueva ley amplía las actividades promovidas. “Serán beneficiadas empresas que antes no accedían al incentivo. Sin embargo, para las compañías de software y servicios informáticos alcanzadas por la ley actual, la nueva reglamentación es un poco más restrictiva o exigente en cuanto a los requisitos para acceder al beneficio”, indicó.
Uno de los ejes fundamentales de la nueva ley es el impulso a la exportación. Según Caunedo, la posibilidad de exportar brinda oportunidades a las empresas del sector tecnológico. “Más allá de la rentabilidad del proyecto o del servicio, nos permite acceder entre otras cuestiones a la escala de mercado necesaria para desarrollar determinados servicios que en el ámbito local a veces no son factibles. También nos da la posibilidad de compensar ciclos de altibajos del mercado local”, aseguró.
Una situación inversa se producirá en las compañías de ingeniería. Según Ferrigno, la ley no implicará ningún impulso para estas empresas. “Para que puedan exportar, es necesario que se les posibilite el acceso a la ley, independientemente del destino de sus servicios. En caso contrario, la ley se transformará en un boomerang y el resultado será perjudicial”, remarcó. “Por esta razón, diversas instituciones, entre las que se encuentra el CAI, entienden que la ley debe ser modificada para incorporar los servicios de ingeniería dentro de los servicios basados en el conocimiento. No hacerlo es una contradicción hasta con la propia definición y espíritu de la ley”, concluyó.
Fuente: CCNews
